América Latina está dando un paso audaz y potencialmente arriesgado hacia la transformación de la industria del litio, que es un componente crucial de las baterías de los vehículos eléctricos y ha experimentado una importante subida de precios en los últimos años.
Chile, el segundo productor mundial de litio, reveló recientemente un plan para nacionalizar su industria. Según el plan, las dos minas de litio existentes en el país, explotadas actualmente por la empresa minera estadounidense Albemarle y la chilena SQM, pasarán a manos de una empresa minera estatal. Además, los nuevos proyectos tendrán que gestionarse como asociaciones público-privadas y emplear tecnologías de extracción emergentes y más sostenibles.
Esta medida sigue a otras similares en la región, como el control estatal que desde hace tiempo ejerce Bolivia sobre el 21% de sus recursos mundiales de litio y la introducción el año pasado de restricciones a la tecnología de extracción, y la nacionalización de su industria en febrero en México. Argentina, con el 20% de los recursos mundiales, tiene un enfoque favorable a las empresas y muchos proyectos del sector privado en marcha. Sin embargo, sus autoridades se han unido a los demás países para debatir una posible alianza estratégica regional sobre el litio, que el Presidente boliviano, Luis Arce, calificó de “OPEP del litio”.
El deseo de establecer industrias del litio de influencia mundial y controladas por el Estado, similares a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pone de relieve el cambio de estatus del mineral. En el pasado, el litio era un producto de nicho utilizado principalmente en la producción de cerámica y vidrio. Sin embargo, la transición energética, que requiere litio para los vehículos eléctricos y una variedad de otros productos de baterías recargables, está impulsando un aumento sin precedentes de la demanda. Esto ha provocado una creciente presión política para que los gobiernos de la región se aseguren una mayor cuota del mercado del litio para sus ciudadanos.
Los analistas del sector consideran arriesgados los recientes movimientos hacia el control estatal de la industria del litio en América Latina, y advierten de que los políticos de la región pueden estar sobrestimando su influencia en el mercado mundial, lo que podría ahuyentar las inversiones. Sin embargo, hay grandes esperanzas puestas en el mineral, cada vez más esencial en la transición energética, sobre todo en la producción de baterías para vehículos eléctricos. Gabriel Boric, el presidente izquierdista de Chile, cree que el control estatal del litio presenta la mejor oportunidad para una economía sostenible y desarrollada.
La idea de crear una OPEP del litio implica que los dirigentes de América Latina aspiran a reproducir la trayectoria de la industria petrolera entre los años cincuenta y ochenta. Durante esta época, países productores de petróleo como Arabia Saudí y Venezuela aumentaron la participación estatal en sus industrias y crearon la OPEP, en respuesta a los recortes de precios de su producto por parte de las empresas multinacionales. El cártel controla ahora el 40% del suministro mundial de petróleo y se confabula para manipular los precios ajustando los niveles de producción. Un planteamiento similar para el litio podría, en teoría, ayudar a América Latina a aumentar los precios. Además, los países podrían intentar presionar a las empresas para que trasladen las partes más rentables de la cadena de suministro del litio, como el procesamiento y la fabricación de componentes de baterías, a una región que actualmente sólo exporta la materia prima.
La industria del litio no es optimista ante la idea de una OPEP del litio. En primer lugar, el litio no es petróleo, y su dinámica de mercado es diferente. Aunque se prevé que la demanda de litio aumente de 23.500 toneladas en 2010 a hasta 4 millones de toneladas en 2030, sigue considerándose un producto químico especializado y no una materia prima importante. Por lo tanto, es más difícil establecer o manipular un precio uniforme para él.
Además, existe la preocupación de que la oportunidad de que América Latina tenga un impacto sustancial en el mercado mundial del litio pueda ser efímera. Aunque la región produjo un tercio del litio mundial en 2022, los expertos prevén que este porcentaje disminuirá en los próximos años.
La viabilidad de la influencia de América Latina en el mercado mundial del litio puede ser limitada, en parte debido a que el aumento de los precios del litio hace factible que países de todo el mundo accedan a yacimientos de litio anteriormente inviables. El litio en Sudamérica se encuentra principalmente en las salmueras de sus grandes lagos salados, que pueden extraerse de forma relativamente barata, pero el proceso es lento y puede verse dificultado por la calidad de la salmuera. Bolivia, por ejemplo, aún no ha producido cantidades significativas debido a las dificultades para una extracción eficaz. En cambio, la explotación de yacimientos de litio en formaciones de roca dura en Australia y China, primer y tercer productor mundial, está en plena expansión. Es poco probable que estos países participen en una potencial “OPEP del litio”.
El anuncio hecho la semana pasada por Chile sobre el control estatal de su industria del litio podría tener un efecto perjudicial sobre las inversiones en la región, especialmente para los países con sectores del litio menos desarrollados. Los inversores podrían decidir llevarse su dinero a otra parte, ya que el mercado requiere un importante despliegue de capital en los próximos años.
“Hablar de nacionalización de activos tiene un impacto fundamental en el flujo de capital”, explica Andrew Miller, Director de Operaciones de la agencia de información de precios Benchmark Minerals.
Según Miller, hay algunas señales positivas para la industria sudamericana del litio, como el enfoque más proactivo de los gobiernos y su voluntad de cooperar regionalmente. El impacto ambiental de la extracción de litio ha llevado a Bolivia y Chile a adoptar nuevos métodos para hacer el proceso más eficiente y rentable. Estos métodos, denominados colectivamente “extracción directa de litio”, aún no se han probado, pero con el apoyo del Estado y el intercambio de información entre países, su desarrollo podría acelerarse. Esto podría devolver la ventaja a la extracción de litio a partir de salmueras en el mercado mundial.
La administración de Boric en Chile sostiene que revelar su plan de asociación público-privada creará la certidumbre necesaria para estimular la inversión. La exploración de litio fuera de los dos proyectos de Atacama ha estado suspendida durante las últimas tres décadas debido a la incertidumbre sobre el régimen de derechos mineros de Chile, que los gobiernos han dudado en cambiar ante el creciente escrutinio público de la industria.
Según Daniel Jiménez, ex ejecutivo de SQM y socio fundador de la consultora de litio iLiMarkets en Santiago, los términos del nuevo acuerdo son demasiado onerosos para que las empresas estén dispuestas a emprender el arriesgado y costoso trabajo de explorar en busca de litio y convertir las reservas en minas activas. Según el nuevo acuerdo, las empresas privadas quedarían relegadas a socios minoritarios en los proyectos.
En su opinión: “en estas condiciones, no creo que ninguna empresa sensata ponga su propio dinero en una exploración de este tipo”.
Esto puede ser visto como una noticia positiva por algunos activistas medioambientales en Chile. La industria minera de Atacama ha sido acusada de agotar los recursos hídricos del desierto, lo que supone una amenaza para los ecosistemas de la región y el bienestar de las comunidades cercanas.
Los gobiernos regionales que aspiran a un acuerdo más justo durante la transición energética y, al mismo tiempo, a mantener el flujo de inversiones, se enfrentan a un acto de equilibrismo, y no es seguro que hayan alcanzado el equilibrio.